DERECHOS HUMANOS. CONSIDERACIONES GENERALES

La formulación de las presentes consideraciones surge de dos consideraciones:
que la vigencia real de los derechos humanos se vincula, de modo esencial y condicionante, al desarrollo y consolidación del sistema democrático; por lo que ambos se necesitan recíprocamente;
la percepción de un alto grado de desconocimiento y desinformación en la sociedad pampeana –si bien es un tema de particular actualidad, sobre todo en nuestra provincia- de la compleja y multidimensional problemática de los derechos humanos.
Éstos suelen presentarse como sustento de la dignidad humana: a toda persona le son reconocidos y garantizados sin ningún tipo de discriminación. Son una clase especial de derechos que la persona posee por el solo hecho de serlo.
Desde un punto de vista jurídico, se trata de prerrogativas que poseen los individuos y que le garantizan su libertad, un trato igualitario y son la garantía de su dignidad.
Su vigencia efectiva en la sociedad, más allá de su declaración y definición formal, presenta distintos requisitos.
En principio, la relación entre los derechos humanos y la democracia se presenta tan intensa que difícilmente pueda calificarse como democrático un sistema político que no los respete, así como solo un marco democrático ofrece el espacio suficiente para su vigencia, promoción y protección.
Además, es necesaria la difusión y asimilación generalizada de sus contenidos en pos de la formación de una tradición de respeto a los mismos.
Finalmente, débil y endeble será su efectiva vigencia en una sociedad desigual, con escasa movilidad social, sin igualdad de oportunidades y con anchas franjas de la población en situación de miseria, analfabetismo, marginación y carencia de elementos para su realización.
La esencia de la democracia consiste, en un sentido amplio, en ofrecer la posibilidad a la generalidad de la población de jugar un papel significativo en la gestión de los asuntos públicos. La misma no puede limitares solo a la creación y la institucionalización de un orden político; es decir, un sistema de reglas de juego que hace abstracción de sus contenidos éticos. Estas concepciones terminan por reducir la democracia a un método, completamente disociado de los fines, valores e intereses de los actores colectivos.
Por el contrario, es necesario considerar a la democracia como una condición de la sociedad civil, caracterizada por el predominio de la igualdad y el desarrollo ciudadano, no como categoría política abstracta sino en sentido real.
La democracia se funda en la pretensión, y por tanto en su capacidad efectiva, de integración social y política; si estas aspiraciones se frustran la democracia pierde su legitimidad y se vacía de todo contenido.
Es una certeza, que la teoría política ha venido desarrollando desde sus inicios, que la democracia no convive con situaciones extremas, como la generalización de la pobreza y su contrapartida necesaria. Cuando los pobres se vuelven indigentes, sucumben la libertad y la democracia, y la propia condición de ciudadano se deteriora irreparablemente.
Por nuestra parte, creemos en la posibilidad y en la necesidad de generar una nueva cultura política y en la necesidad de generar una concepción integral de la democracia en donde tenga plena cabida la capacidad de disentir y en donde se garanticen no solo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales, culturales y ecológicos de la población. Esta es la tarea urgente de quienes aspiramos a la utopía de ver un mundo sin violencia, con justicia social y con goce pleno e integral de los Derechos Humanos.
Es por esto que el actual gobierno debe demostrar que la democracia es una herramienta eficaz para garantizar una transformación social y la construcción de una mejor sociedad. Compartimos con el mismo la postura de que el debate actual sobre la lucha contra la impunidad, por la verdad, por la justicia y la reparación no debe centrarse solo y exclusivamente en la revisión del pasado; sino que debe abordar cuestiones de importancia capital para el presente y el futuro del país.
De modo que compartimos la concepción política que en relación a los DDHH guía al gobierno, que por una parte, en pos de recuperar los fundamentos éticos del Estado y en la lucha contra la impunidad, promovió la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la anulación parlamentaria de las leyes de amnistía, como medidas más importantes; y por otra parte aborda la otra gran vertiente de la problemática de los DDHH, que es su vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva década de los ‘90 primero y luego la pesificación asimétrica y la devaluación no planificada, consumaron un desmantelamiento de la protección social, aumentaron la desocupación y la precarización de las relaciones laborales, eyectando a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad. Este proceso no solo dificulta el ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino que también trae aparejado el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales.
De allí que hoy la tarea y el esfuerzo principal deba encaminarse a superar la pesada herencia del neoliberalismo, que entre sus consecuencias generó una sociedad desintegrada: ricos y marginales que viven por debajo de la línea de pobreza pertenecen a universos diferentes, viven económica, social, cultural y económicamente separados. Un paisaje social como el descrito no es un buen escenario para el florecimiento de prácticas democráticas, salvo que con esto se quiera aludir solo al respeto ritual de ciertas formalidades, que por estar vaciadas de contenido carecen por completo de significado.
Es por eso que hoy se vuelve necesario repensar la democracia como categoría política. Atilio Borón observa la correspondencia en América Latina entre políticas económicas neoliberales y la preponderancia de una concepción minimalista de la democracia, que reduce su significado a la función de un orden político, de un sistema de reglas de juego, que sólo atiende a problemas de “gobernabilidad” y de “eficacia” administrativa. Como resultado, se reducen las capacidades regulatorias del Estado, tanto para formular como para ejecutar políticas, subordinando lo político a lo económico. Este proceso termina por reducir el espacio público vinculado a la sociedad civil y da surgimiento a una sociedad menos integrada, en un marco de alto desempleo y pobreza, donde los lazos de solidaridad se han roto y las tradicionales estructuras de representación colectiva se encuentran deslegitimadas.
Ante este vaciamiento y desilusión respecto de la política, acompañado por el efecto atomizador del Estado, surge como respuesta una estrategia individualista que se manifiesta de diferentes maneras: desde la sumisión a las condiciones establecidas en los proyectos de flexibilización a la mendicidad, pasando por el aumento de la violencia y de la criminalidad.
Frente a esta situación es nuestra intención contribuir a la reformulación y reconstrucción de un espacio pública caracterizado por la falta de solidaridad a partir de la destrucción de los antiguos vínculos que la posibilitan y donde el accionar general parece estar dictado por una desmedida lógica económica, que tiene como objetivo último el bienestar particular en desmedro de cualquier otro proyecto colectivo.
Partimos de la consideración de la realidad como un proceso socio-histórico del cual todos somos partícipes y constructores. En este sentido buscamos ofrecer un medio que ayude y promueva la reconstrucción de nuestra capacidad de manejar las mutaciones en curso y consensuar las mejores opciones posibles.

Responsable: R.G